El Partido Socialista de Los Alcázares denuncia la falta de responsabilidad del anterior gobierno del Partido Popular en la gestión de los chiringuitos y la actitud irresponsable de la oposición en el Pleno Extraordinario celebrado ayer.
Informes jurídicos demuestran que el equipo de gobierno del Partido Popular fue advertido por los jurídicos del Ayuntamiento de Los Alcázares, de la necesidad de sacar a licitación pública las instalaciones temporales para regularizar su situación durante los años de su mandato (2014, 2015 y 2016). Sin embargo, esta obligación legal fue ignorada deliberadamente.
Durante el Pleno Extraordinario celebrado ayer, la oposición lanzó acusaciones de extrema gravedad, insinuando posibles casos de corrupción que no solo afectarían al equipo de gobierno actual, sino que también pondrían en entredicho la honorabilidad de los técnicos y juristas involucrados en estos expedientes.
Asimismo, el grupo municipal socialista recordó a la portavoz de VOX que, en el pleno anterior donde se debatió este mismo asunto, ella misma expresó la posibilidad de ignorar la ley y una decisión judicial.
De haberse adoptado tal postura, se habría incurrido en una posible irregularidad con implicaciones legales por corrupción.
Desde el equipo de gobierno se ha denunciado que la oposición ha utilizado la legitimidad de un caso particular para obtener rédito político, magnificando la situación con el objetivo de generar alarma social.
Según el ejecutivo local, lejos de buscar una solución real al problema, los grupos opositores han centrado su estrategia en la confrontación y en sembrar dudas sobre la gestión municipal, trasladando una imagen distorsionada de los hechos.
En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno ha criticado la actitud de la oposición, que optó por la abstención en lugar de votar en contra, a pesar de haber señalado posibles irregularidades en la gestión de los chiringuitos.
"Si realmente consideran que se ha cometido una ilegalidad, deberían haberlo rechazado abiertamente.
Su postura solo evidencia una falta de compromiso y valentía, ya que, de haber votado en contra, los que podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación serían ellos mismos", sostiene su portavoz Antonio Luis López Campoy.
Ante esta situación, el actual gobierno reitera su apuesta por una gestión transparente y ajustada a la legalidad.
“El gobierno municipal seguirá trabajando para corregir estas irregularidades y garantizar que todos los procedimientos administrativos se desarrollen conforme a la normativa vigente”, añade López Campoy.